La difusión de imágenes sexuales sin consentimiento va más rápido que la ley en muchos países del continente. Un estudio analiza cómo esta práctica criminaliza a las mujeres en la mayoría de los casos
Desiré Luzinda era en 2014 una de las cantantes más populares de
Uganda, cuando un exnovio enfadado publicó unas fotos íntimas de la artista en
las que aparecía desnuda. No solo no tuvo herramientas legales para
denunciarlo, sino que el ministro de Ética e Integridad, Simon Lokodo, declaró
que la artista "debería ser encerrada y aislada". El político añadió que se debería abrir una
investigación contra Luzinda en base a la ley antipornográfica aprobada un año
antes para perseguir este tipo de "comportamientos indecentes".
Luzinda
nunca fue encarcelada y su popularidad incluso aumentó tras la publicación de
las imágenes. La cantante consiguió ser perdonada por la sociedad tras pasar un
tiempo literalmente escondida y emitir un mensaje público de perdón por sus
actos. Su caso está recogido en un estudio realizado por una investigadora noruega y otra de Malawi y publicado por la revista Nature sobre
el llamado porno de venganza. "¿Qué pasa con las que no son estrellas del
pop? ¿Hay alguna oportunidad de redención para ellas?", se preguntan en el
texto.
Sarai
Chisala-Tempelhoff, investigadora y presidenta de la asociación
de mujeres abogadas de Malawi es
una de las autoras. "La sociedad no concibe esta práctica como un modo de
violencia, o al menos no lo suficiente. Tienden a pensar que la mujer que se ha
dejado grabar así es estúpida por haberlo permitido y no reciben apoyo",
explica por teléfono Chisala, quien cuenta que comenzó a interesarse más
intensamente por este asunto cuando la vida de una amiga de su madre quedó
"destruida" por la publicación de unas imágenes íntimas, hasta el
punto que tuvo que abandonar el país. "Estaba casada con un hombre
importante y tuvo un amante que la traicionó. Toda la sociedad se le echó
encima y su vida en Malawi acabó", explica. "Muchas de las leyes
sobre obscenidad se han usado tradicionalmente en África Subsahariana para que
la víctima sea considerada cómplice criminal en el acto que la perjudicó",
apuntan las expertas en las conclusiones del estudio.
Las
represalias llegan también en el caso de los hombres, aunque la condena social
a la que se enfrentan suele ser menor. Otro de los casos recogidos en el
estudio ocurrió en Malawi en 2008. Un prominente empresario del país y una
empleada de una gran firma se registraron en plenas artes amatorias. Ambos
estaban casados y no entre ellos. Unos meses después, el ordenador en el que el
hombre había guardado el material se averió y el informático lo encontró y lo
distribuyó vía mail. Él decidió abandonar el país y el apellido de ella se
emplea desde entonces en el argot de la calle para hablar de pornografía. El
tema ocupó la primera página de los periódicos del país, los dos fueron despedidos,
se divorciaron y "si tecleas sus nombres en Google, 10 años después,
siguen apareciendo mirando a cámara sonrientes y apenas vestidos".
La sociedad no concibe
esta práctica como un modo de violencia, o al menos no lo suficiente. Tienden a
pensar que la mujer que se ha dejado grabar así es estúpida por haberlo
permitido y no reciben apoyo
Lillian
Nalwoga, presidenta de la Internet Society (organización que promueve el uso
responsable de Internet en el mundo) de Uganda explica en un mail: "Cuando
apareces en uno de estos vídeos, se te considera menos mujer y eres condenada
por la sociedad. Hay esfuerzos de las defensoras de derechos para exigir a las
autoridades que dejen de criminalizar a las víctimas, al tiempo que conciencian
sobre esta nueva forma de violencia machista".
La
ley con la que se pretendió enjuiciar a la estrella del pop ugandesa es
conocida como la de las minifaldas, porque poco después de su aprobación se
registraron ataques a féminas que llevaban esta prenda por la calle. "La
ley legitima los abusos contra las mujeres y proporciona una cobertura legal
para la perpetuación de los ideales patriarcales sobre la modestia
femenina", aseguró Amnistía Internacional en un informe de 2014. La violencia machista es un problema gravísimo en
Uganda, donde los crímenes de mujeres están envueltos en la impunidad más
absoluta. A principios de verano, miles
de personas salieron a la calle, hartas
por los casos de mujeres asesinadas que aparecían en las cunetas sin que
hubiese detenidos.
La
normativa sobre delitos digitales en la región tampoco avanza a la velocidad
necesaria. Como detalla Chisala, la ley sobre cibercrímenes se han limitado a
aquellos económicos y se ha prestado poca atención a los de naturaleza sexual.
"Además, ahora mismo es muy difícil evitar que, una vez que ha salido a la
luz, tu imagen siga apareciendo en Internet. Eso no es algo que se pare con
leyes locales, sino que deben implicarse los gigantes tecnológicos",
añade. Lillian Nalwoga apunta que algunos gobiernos todavía están lidiando con
la forma de aplicar la norma para hacer frente a delitos cibernéticos:
"Existe una tendencia emergente en algunos países africanos donde la
legislación general se aplica al cibercrimen, por lo que terminan violando los
derechos de los usuarios".
En
un continente con limitado acceso a Internet
regular, uno puede preguntarse cuál es
el alcance de estos contenidos. Según el último informe de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (perteneciente a
la ONU) sobre acceso a Internet solo el 18% de las casas cuenta con conexión,
pero la clave está en el acceso en lugares públicos y, sobre todo, en los
móviles. Esto aumenta hasta el 82,2% el porcentaje de población con algún tipo
de conexión a la red. "WhatsApp y Facebook son accesibles para todos en
países como Malawi. Estas dos redes no necesitan muchos datos y una vez que se
publica un vídeo o foto se viraliza rápidamente", señala
Chisala-Tempelhoff.
Las
expertas son claras en sus conclusiones: "Una de las injusticias
flagrantes de la pornografía no consensual es que promueve percepciones
erróneas de las víctimas como "putas" vacuas y villanos depravados.
Tenemos que desafiar la narrativa de humillación y culpabilización de la
víctima que enmascara la violencia sexual". La amiga de Chisala solo ha
podido volver en un par de ocasiones a su país desde que ocurrió aquello.
Foto: Desiré Luzinda, protagonista de este estudio, en una captura de un vídeo de YouTube.
Madrid 26 SEP 2018 - 12:08 CEST EL PAIS
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